Las agencias de calificación lo tendrán mucho más duro en Europa. Mientras que en Estados Unidos pueden seguir operando prácticamente con el mismo marco legal que antes de Lehman Brothers, esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado un endurecimiento de la normativa para las firmas de evaluación de riesgos que es pionero en el resto del mundo.
El principal cambio es que la nueva normativa de la UE, pendiente sólo de ser ratificada por el Consejo, establece responsabilidades penales para las agencias de calificación en caso de errar de manera escandalosa con sus valoraciones. Fue el caso de Lehman Brothers, que quebró en 2008 pese a tener una clasificación AAA de máxima solvencia.
Según anunció el propio Parlamento Europeo, “estas normas permitirán a los inversores reclamar daños y perjuicios a las agencias en caso de pérdidas causadas por negligencia o infracción grave, independientemente de los términos contractuales acordados por ambas partes. Entre las posibles infracciones se incluye la “publicación de una calificación sujeta a un posible conflicto de intereses o fuera del calendario previsto”.
La nueva normativa establecida en la UE hace que a partir de ahora Standard & Poors, Fitch y Moddy’s deban justificar los factores que han determinado sus calificaciones y no puedan “realizar recomendaciones directas o explícitas sobre las políticas de las entidades soberanas”.
También se limita las calificaciones “no solicitadas” a países a tres al año, en un calendario que las firmas de rating deberán establecer al cierre del ejercicio anterior. Estas calificaciones deberán publicarse a mercado cerrado en la UE o, al menos, una hora antes de su apertura.
Mayor control
Este mayor control europeo de las agencias de calificación busca minimizar los conflictos de intereses y reducir la interdependencia que se da entre ellas, los bancos de inversión y las entidades crediticias y aseguradoras.
Así, por ejemplo, “todas las calificaciones, salvo las solicitadas por inversores privados, tendrán que ser publicadas en una plataforma europea de calificación, que contendrá las evaluaciones realizadas por las agencias registradas y certificadas en la UE” con el objetivo de facilitar la comparación de las calificaciones.
Para evitar casos como el de las subprime, paquetes de hipotecas que eran etiquetadas con AAA pese a contener una alto porcentaje de préstamos de alto riesgo, la nueva normativa establece que los emisores de instrumentos financieros estructurados de titularización tendrán que cambiar de agencia de calificación al menos cada cuatro años. Así se obligará una rotación que sólo afectará a Moody’s, Standard & Poors y Fitch, básicamente, dejando al margen a las pequeñas firmas. La Comisión Europea ya está estudiando ampliar esta obligación a otros instrumentos financieros.
Límite a los inversores
También se limita el número de inversores que pueden tener las empresas que se dedican a la valoración de riesgos. Por ejemplo, los bancos u otras empresas que sean valoradas no podrán comprar más de un 5% del capital de las firmas de rating. Además, estas firmas no podrán someter a sus análisis a accionistas que tengan más de un 10% del capital o se sienten en el consejo de administración.
Como en la novela del checo Bohumil Hrabal, Trenes rigurosamente vigilados, el control sobre las agencias se estrecha en Europa después de esta normativa. Sólo que mientras que en el libro los personajes quedaban igualados ante la muerte, ahora las agencias de rating dejarán de estar un poco por encima del bien y del mal, como mínimo en los mercados de ámbito europeo.
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