Estamos aquí tan enfrascados en nuestras mezquinas querellas internas
que mucha veces no nos damos suficientemente cuenta de lo que se cuece a
nuestro alrededor y que hace que parezcan ridículas algunas de esas
disputas.
Me refiero en concreto al Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas inglesas) que negocian desde el pasado julio Estados Unidos y la Unión Europea.
¿Podemos imaginarnos a multinacionales que llevan ante la justicia a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar a sus ganancias?, se pregunta por ejemplo en Le Monde Diplomatique LoriWallach, directora de la ONG PublicCitizen'sPublicTradeWatch.
Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo ya con otros tratados de libre comercio y protección de inversiones similares firmados por Estados Unidos con países tan distintos como Canadá, México, Perú, Omán, Colombia o Corea, por citar sólo unos pocos.
Y es lo que puede suceder también en Europa si los negociadores europeos, presionados por poderosos lobbies, no evitan la inclusión en el acuerdo transatlántico de un mecanismo especial que permite a una empresa o a un fondo de inversiones demandar directamente a un Estado ante un organismo internacional y exigirle compensaciones por supuesta violación de sus derechos de inversor.
Ese mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva a las empresas al mismo estatus jurídico que tienen los gobiernos soberanos y les permite llevar a estos últimos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, lo cual equivale a "privatizar el sistema de justicia", según denuncian esas ONG.
Si una empresa gana su demanda ante uno de esos centros de arbitraje porque considera que unas medidas de defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, de protección de los consumidores, de la privacidad o de los derechos de los trabajadores que aplica un gobierno soberano viola los que considera sus privilegios o impacta negativamente en sus beneficios, el Estado anfitrión tendrá que indemnizarla en la cuantía que fijen los árbitros.
Es un tema que preocupa no sólo a las organizaciones europeas de defensa de los consumidores sino también a las de Estados Unidos, que abogan por su exclusión de cualquier futuro acuerdo de inversiones o libre comercio porque deja fuera a los ciudadanos, favorece a las empresas y socava las garantías de los consumidores frente a todo tipo de abusos.
Lo más grave sin duda es que ese mecanismo margina totalmente los sistemas de justicia nacionales y opera a puerta cerrada sin que los medios de comunicación muchas veces tengan idea de qué asuntos se están tratando en un determinado momento.
Desde poderosas compañías tabacaleras hasta multinacionales farmacéuticas han hecho uso del polémico mecanismo, que se creó en realidad para defender de posibles expropiaciones a las empresas occidentales que invertían en países en desarrollo desprovistos de un sistema jurídico fiable, pero que ahora las grandes corporaciones quieren ver extendido a todas partes para defender los que consideran sus privilegios.
Se da el caso de que algunas de esas corporaciones han demandado al país anfitrión por medidas regulatorias o decisiones políticas que afectaban negativamente a sus "beneficios futuros" y que consideraban "expropiaciones indirectas" o violaciones del "estándar mínimo de tratamiento".Incluso han recurrido como "expropiaciones" sentencias adversas de los tribunales nacionales.
Una compañía francesa ha demandado al Estado egipcio por su decisión de aumentar el salario mínimo mientras que una sueca -Vattenfall- reclama ahora a Alemania miles de millones de euros por su viraje en materia nuclear. La tabacalera Phillip Morris llevó ante un tribunal especial a Uruguay y Australia por sus legislaciones contra el tabaco y la farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha hecho lo propio con Canadá por un sistema de patentes que facilita el acceso a los medicamentos. Como se ve, ningún Estado está a salvo de la codicia de las multinacionales.
Fuente. La Opinión de A Coruña
Me refiero en concreto al Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas inglesas) que negocian desde el pasado julio Estados Unidos y la Unión Europea.
¿Podemos imaginarnos a multinacionales que llevan ante la justicia a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar a sus ganancias?, se pregunta por ejemplo en Le Monde Diplomatique LoriWallach, directora de la ONG PublicCitizen'sPublicTradeWatch.
Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo ya con otros tratados de libre comercio y protección de inversiones similares firmados por Estados Unidos con países tan distintos como Canadá, México, Perú, Omán, Colombia o Corea, por citar sólo unos pocos.
Y es lo que puede suceder también en Europa si los negociadores europeos, presionados por poderosos lobbies, no evitan la inclusión en el acuerdo transatlántico de un mecanismo especial que permite a una empresa o a un fondo de inversiones demandar directamente a un Estado ante un organismo internacional y exigirle compensaciones por supuesta violación de sus derechos de inversor.
Ese mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva a las empresas al mismo estatus jurídico que tienen los gobiernos soberanos y les permite llevar a estos últimos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, lo cual equivale a "privatizar el sistema de justicia", según denuncian esas ONG.
Si una empresa gana su demanda ante uno de esos centros de arbitraje porque considera que unas medidas de defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, de protección de los consumidores, de la privacidad o de los derechos de los trabajadores que aplica un gobierno soberano viola los que considera sus privilegios o impacta negativamente en sus beneficios, el Estado anfitrión tendrá que indemnizarla en la cuantía que fijen los árbitros.
Es un tema que preocupa no sólo a las organizaciones europeas de defensa de los consumidores sino también a las de Estados Unidos, que abogan por su exclusión de cualquier futuro acuerdo de inversiones o libre comercio porque deja fuera a los ciudadanos, favorece a las empresas y socava las garantías de los consumidores frente a todo tipo de abusos.
Lo más grave sin duda es que ese mecanismo margina totalmente los sistemas de justicia nacionales y opera a puerta cerrada sin que los medios de comunicación muchas veces tengan idea de qué asuntos se están tratando en un determinado momento.
Desde poderosas compañías tabacaleras hasta multinacionales farmacéuticas han hecho uso del polémico mecanismo, que se creó en realidad para defender de posibles expropiaciones a las empresas occidentales que invertían en países en desarrollo desprovistos de un sistema jurídico fiable, pero que ahora las grandes corporaciones quieren ver extendido a todas partes para defender los que consideran sus privilegios.
Se da el caso de que algunas de esas corporaciones han demandado al país anfitrión por medidas regulatorias o decisiones políticas que afectaban negativamente a sus "beneficios futuros" y que consideraban "expropiaciones indirectas" o violaciones del "estándar mínimo de tratamiento".Incluso han recurrido como "expropiaciones" sentencias adversas de los tribunales nacionales.
Una compañía francesa ha demandado al Estado egipcio por su decisión de aumentar el salario mínimo mientras que una sueca -Vattenfall- reclama ahora a Alemania miles de millones de euros por su viraje en materia nuclear. La tabacalera Phillip Morris llevó ante un tribunal especial a Uruguay y Australia por sus legislaciones contra el tabaco y la farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha hecho lo propio con Canadá por un sistema de patentes que facilita el acceso a los medicamentos. Como se ve, ningún Estado está a salvo de la codicia de las multinacionales.
Fuente. La Opinión de A Coruña
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